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sep
12
Trabajos de restauración en la Capilla Real de la Mezquita de Córdoba

El patrimonio religioso y el dinero público: un negocio redondo

Recientemente nos hacíamos eco (ver Noticias) de la polémica surgida entre los responsables de Cultura de la Junta de Andalucia y los arzobispados de Sevilla y Córdoba por la gestión que se hace del patrimonio religioso que se restaura mayoritariamente con cargo al dinero público.

 

El ultimo episodio ha sido la concesión a una empresa privada , de la explotación turística de las visitas a la iglesia de Santa Maria de los Reales Alcazares de Úbeda (Jaén) en cuya recuperación la Consejería de Cultura invirtió 6 m. de €. La recaudación obtenida por la venta de entradas se reparte a partes iguales entre la empresa y la iglesia católica, nada para las arcas públicas que han asumido el coste de las obras. Este es sólo un ejemplo más de una posición de privilegio que genera prácticas discutibles cuando no abusivas que cada vez generan más protestas de ciudadanos y visitantes, tanto por tener que pagar por acceder a estos monumentos como por las condiciones que se imponen a dichas visitas e incluso, las restricciones al culto en aras de la actividad recaudatoria.

 

Otra práctica cuestionable que ha saltado a los medios unos meses atrás: la denuncia de vecinos de varias localidades de Navarra y Guipúzcoa contra las respectivas diócesis por la masiva inmatriculación (registro) de iglesias y algunos otros inmuebles de propiedad municipal, cuya devolución reclamaban.

 

Esta misma situación se ha producido por toda la geografía española amparada por una modificación de la Ley Hipotecaria en vigor realizada en 1998 que ha permitido a la Iglesia apropiarse de numerosos edificios de dominio público, entre ellos la Mezquita de Córdoba. Este monumento declarado BIC y Patrimonio de la Humanidad (como parte del casco histórico de la ciudad) fue inscrita como propiedad eclesiástica el 2 de marzo de 2006 en el registro de la propiedad por 30 euros y cada año genera unos 8 millones (libres de impuestos para la diócesis), que no revierten al Estado a pesar de que ha asumido siempre todos los gastos de conservación.

 

Para los que entendemos que el patrimonio histórico –civil, religioso o militar- forma parte de la memoria común y, por tanto, es responsabilidad de todos, nada que objetar a que se invierta el dinero de los ciudadanos en su protección y conservación. Ahora bien, lo mínimo que se puede exigir a cambio es que esos mismos ciudadanos tengan derecho a conocer y disfrutar ese patrimonio que contribuyen a sostener en su totalidad. Y, por supuesto, que las ganancias que se obtienen con la explotación turística de dicho patrimonio revierta en su justa proporción al Estado como contribución compensatoria por dicha inversión y como fondo para el mantenimiento de dichos bienes así como para el desarrollo de proyectos de difusión cultural.

 

Digamos que este trato de favor totalmente asimétrico respecto a otras confesiones religiosas o instituciones (recordar la polémica del IBI y el pago del IVA) resulta discutible en un estado constitucionalmente laico.

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